Inmigrantes con discapacidad

El pasado día 24 de marzo de presentó en Madrid el libro "Las personas inmigrantes con discapacidad en España", publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, que recoge los resultados de una investigación realizada por el equipo de Intersocial, en colaboración con el CERMI.

Este trabajo constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas inmigrantes con discapacidad en España, un fenómeno que, en paralelo al de la inmigración, presenta un incremento muy considerable en los últimos años. Según estimaciones realizadas en el marco del estudio, el porcentaje de personas con discapacidades entre la población inmigrante se acerca al 5%, lo que representaba en 2007 unas 225.000 personas, en su mayoría en edad laboral.

Inmigración y discapacidad constituyen dos factores potenciales de exclusión en muchos ámbitos de la vida social. La situación de las personas inmigrantes con discapacidad es de mayor desventaja, por un lado, respecto a la población nacional con discapacidad y, por otro lado, a la del resto de población inmigrante en España. Las principales dificultades para la integración objetiva, atención y apoyo a los inmigrantes con discapacidad vienen determinadas por situaciones jurídicas que les dificultan el acceso a determinados derechos sociales mínimos. La legislación dificulta a la población extranjera que no tiene regularizada su situación, acceder a servicios básicos y universales para las personas con discapacidad autóctonas, partiendo en primer lugar de la valoración para obtener su certificado.

Los inmigrantes con discapacidad presentan muy bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad. La inserción laboral es bastante más baja que la de las personas con discapacidad españolas y, además, suele venir acompañada por niveles bajos de estabilidad laboral e ingresos. Buena parte de la población entrevistada trabaja sin contrato.

Las posibilidades de integración, vistas desde la óptica del tipo, densidad y frecuencia con que los inmigrantes con discapacidad establecen relaciones y contactos en España, indican que, por lo general, existen elementos para el optimismo. Aunque a su llegada a España los inmigrantes cuentan con una escasa red social (familiares, amigos, conocidos,…), la información sobre su situación tiempo después de la llegada indica que se dan mejoras tanto en el número como en la variedad de relaciones en su entorno personal. Independientemente del proceso migratorio, las relaciones familiares y de amistades en este ámbito son determinantes, sobre todo cuando se precisa apoyo personal.

El acceso a información y orientación sobre los recursos disponibles constituye también una barrera sobre todo para las personas que proceden de entornos culturales más alejados, o que desconocen el idioma.

El estudio ha constatado un escaso desarrollo de servicios especializados de atención a la población con discapacidad que tengan en cuenta las características especiales derivadas de su condición de inmigrantes. Aunque surgen iniciativas de interés en este ámbito, son todavía patentes las necesidades de coordinación, y estabilización de programas, actividades y servicios.

Dado que, según los datos que aporta el estudio, los inmigrantes con discapacidad se dirigen preferentemente a recursos comunitarios especializados en discapacidad más que en inmigración, se abre un nuevo reto especialmente para las entidades de atención a personas con discapacidad, constituidas originariamente como grupos de ayuda mutua de familiares y de ‘afectados’. Como indican algunos profesionales, es el momento en que estas entidades han de abrirse a nuevos colectivos específicos, como el de los inmigrantes, para dar cobertura a aquellos que –entre otras- tienen especiales dificultades para acceder a recursos por desconocimiento de los mismos (sobre todo aquellos recién llegados que carecen de una red de apoyo que les oriente adecuadamente). Especial importancia en este punto tiene la cuestión de la coordinación entre todo tipo de servicios, dependientes de entidades públicas y privadas, tanto orientados a inmigración como a discapacidad.

Si bien la cuestión de la discapacidad no es en sí misma la principal causa que explica el proceso migratorio, los datos obtenidos demuestran que, aunque con dificultades, los inmigrantes con discapacidad encuentran una mejor atención especializada por discapacidad en España, respecto a su país de origen. De los que están en situación legal y tienen certificado de discapacidad, más de dos tercios se encontraban en situación de discapacidad con antelación a su emigración, por lo que su percepción de mejora en este ámbito se apoya en la experiencia personal.

En general, los inmigrantes con discapacidad reconocen elevados niveles de integración en España. Si bien el grado de integración percibida estaría relacionado con la procedencia de las personas encuestadas, la integración real lo estaría fundamentalmente con la edad, el nivel de estudios y el ámbito territorial de residencia del individuo.

Los encuestados manifiestan dificultades respecto a la complejidad no sólo de la tramitación, sino del acceso a los órganos gestores tanto de los permisos de residencia como de reconocimiento de la discapacidad. En muchas ocasiones se encuentran desorientados porque obtienen información que les resulta equívoca o incluso contradictoria. Las barreras idiomáticas y culturales están presentes aunque no siempre explican estas dificultades, si no tenemos en cuenta también el tipo de atención de los servicios o la forma en que se publicitan o explican los trámites, entre otros.

Aunque los resultados del análisis no muestran unos menores niveles de integración objetiva por parte de las mujeres inmigrantes con discapacidad, la observación de la realidad y la información cualitativa aportada por los profesionales y expertos entrevistados permite afirmar que las mujeres de este colectivo se enfrentan a dificultades añadidas de apoyo e integración. Un primer factor sería la cultura de procedencia y el grado de discriminación por motivos de sexo que esta conlleva. Además, las mujeres inmigrantes con discapacidad se ven afectadas por las mismas dificultades añadidas que aún en la actualidad permanecen en España por cuestión de género, por ejemplo, en el acceso al mercado de trabajo.

El estudio aporta una serie de recomendaciones, entre las que destacan las siguientes:

• Incrementar la sensibilización sobre las necesidades específicas de los inmigrantes con discapacidad.
• Mejorar la coordinación entre entidades especializadas, tanto públicas como del tercer sector.
• Establecer mecanismos de acceso a la regularización cuando se precisa atención social y sanitaria.
• Discriminar positivamente a la población inmigrante para la obtención del certificado de discapacidad.
• Realizar registros encaminados a cuantificar la población inmigrante con discapacidad.
• Incluir de forma transversal en los instrumentos legislativos y de planificación de políticas, medidas de intervención sobre personas inmigrantes con discapacidad.
• Facilitar con medidas específicas la inserción sociolaboral, que atenúe la doble vulnerabilidad para el acceso al mercado laboral este colectivo.
• Prestar atención especializada a las personas que adquieren discapacidad durante el proceso migratorio.
• Incrementar la cooperación en apoyo a personas con discapacidad con los países de origen.
• Potenciar los recursos públicos de atención especializada a inmigrantes con discapacidad.
• Incentivar a las Organizaciones del Tercer Sector para la implantación de programas y actividades especializados en el apoyo a inmigrantes con discapacidad.
• Desarrollar sistemas de coordinación específicos entre entidades de atención a personas con discapacidad, de atención a personas inmigrantes y entidades públicas.
• Mejorar los sistemas de evaluación y análisis de las actuaciones realizadas en la atención a estos colectivos.

Ciudadanía, empleo, género y exclusión

Eduardo Díaz Velázquez (Publicado en el diario La Verdad de Murcia el 20 de Marzo de 2007)

En los últimos años, España ha experimentado un desarrollo social constante y sostenido, que ha permitido a sus ciudadanas y ciudadanos disfrutar de los niveles más altos de bienestar social jamás conocidos. No obstante, a pesar de este desarrollo, continúan existiendo colectivos sociales que, por diferentes motivos, se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de la misma. Nos estamos refiriendo, entre otros, a la población inmigrante (que cubre, sin reconocimiento, un importante sector del mercado de trabajo que la población española prácticamente ha dejado de ocupar), a las personas con discapacidad (para las que se han diseñado a lo largo de décadas políticas proteccionistas, en lugar de apostar por el desarrollo de su autonomía personal), a la minoría étnica gitana (que lleva consigo durante siglos un estigma social y cultural que habita en el inconsciente colectivo español), a las personas toxicómanas y ex-toxicómanas (a las que por su condición se estigmatiza y se les dificulta la posibilidad de (re)inserción) y a los jóvenes en riesgo (que sufren de manera más agresiva las contradicciones de nuestro sistema: precariedad laboral, vivienda inasequible, falta de oportunidades, fracaso escolar, etc.).

No se puede dejar de mencionar que las mujeres de estos colectivos, por la discriminación histórica que ha existido hacia este sexo, se encuentran con una doble situación de exclusión: por el hecho de ser mujer y por pertenecer a alguno de los colectivos señalados (caso especial es el de las mujeres gitanas, que sufren la discriminación a nivel social y de manera particular dentro de su colectivo). Es más, a veces nos podemos encontrar con la convergencia de dos, tres o más factores de exclusión, que acentúan las dificultades de integración de las personas que los “portan”: mujeres inmigrantes con discapacidad, mujeres jóvenes con algún tipo de adicción, etc.

La exclusión de estos colectivos, aunque no es necesariamente el único ámbito donde podemos observarla, se manifiesta principalmente en el mercado laboral: paro, precariedad, discriminación salarial, sectorización… Es la realidad cotidiana de miles de personas que habitan en las fronteras de nuestras sociedades de la opulencia, que por una u otra razón, no siempre ven reconocidos sus derechos. Teóricamente, atendiendo a la llamada ciudadanía formal, o, lo que es lo mismo, al reconocimiento que está presente en nuestro ordenamiento jurídico de los derechos civiles, políticos y sociales, todas las mujeres y los hombres de estos colectivos poseen iguales derechos que cualquier otro ciudadano del Estado español (a excepción de los inmigrantes, ya que la posesión de la ciudadanía está ligada a la nacionalidad y salvo la minoría del colectivo que la posee, se ven privados fundamentalmente de derechos políticos como el derecho a voto).

No deja de ser evidente que en la práctica, a pesar de esa igualdad de derechos que existe sobre el papel, estos colectivos tienen dificultades para ejercerlos de manera plena. Estamos en el campo de lo que se ha llamado, en el estudio sociopolítico, ciudadanía sustantiva. Y aunque tiene uno de sus principales ejes en el acceso al empleo, el mercado de trabajo es sólo uno de los espacios de la esfera pública donde se ejerce. A pesar de las políticas integradoras y de “discriminación positiva” que se han implementado en los últimos años, sigue existiendo una brecha fácilmente identificable entre excluidos e incluidos, que incluso puede observarse en los espacios físicos de nuestra vida cotidiana. Es por esta razón que para que estos colectivos puedan ejercer una ciudadanía plena y en igualdad de condiciones, no sólo se ha de posibilitar el acceso al empleo, sino que también se han de incrementar los esfuerzos por darles visibilidad, en particular a las mujeres (pues su exclusión se extiende, más allá de estos colectivos, a buena parte de la población). Luchar por derribar estereotipos y prejuicios, hacerlas partícipes de la esfera pública, de una participación efectiva para expresar sus demandas, sus reivindicaciones; que se vea que existen, que están ahí y que forman parte de la sociedad, como formamos parte tú y yo.

Con este fin trabajan diversas entidades sin ánimo de lucro a lo largo de nuestra geografía, que con el apoyo de diferentes organismos públicos y privados, tratan de favorecer el acceso al empleo de personas que hasta ahora lo habían tenido bastante restringido, pero que más allá, conciben que la integración pasa por dar voz y poner rostro a aquellos que, como decía Eduardo Galeano, siempre han sido “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número…”. Pero aún les queda la palabra.