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| Cubierta del Informe Olivenza 2010 |
El Observatorio Estatal de la Discapacidad, instrumento técnico de la Administración General del Estado encargado de la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad, ha presentado la publicación ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, cuyo contenido supone una visión de la realidad diaria de este sector de la población en nuestro país y quiere servir como orientación para que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de este colectivo.
Entre las actividades encomendadas al Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está la de elaborar un informe bienal que proporcione una actualización exhaustiva de la situación de la Discapacidad en España. En base a este mandato y en función de los indicadores recopilados y de los estudios e investigaciones impulsadas por el OED, éste ha presentado la publicación
‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, un documento que constituye una visión de la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país en el bienio 2008-2009 (con datos actualizados a 2010) que quiere contribuir a que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad.
La publicación que ahora se presenta aparece estructurada en cuatro capítulos monográficos, que abordan el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad en España según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008); la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; los retos y oportunidades en materia de empleo y el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
El ‘Informe Olivenza 2010’ incluye además una crónica informativa, que recoge aquellas noticias que fueron actualidad en el sector en el período de tiempo estudiado, y una selección de indicadores estadísticos sobre prevención de deficiencias, educación, contratación, protección económica, información estadística del SAAD y accesibilidad.
Perfil de la población con discapacidad
El trabajo multidisciplinar del equipo técnico del Observatorio Estatal de la Discapacidad que ahora se hace público permite conocer que la discapacidad aparece a edades cada vez más tardías y con mayores tasas de prevalencia en mujeres que en hombres, a partir de los 45 años. Los datos de la EDAD 2008 analizados para el ‘Informe Olivenza 2010’ revelan que entre los 3,8 millones de personas con discapacidad de seis y más años que residen en hogares familiares -del total de 4,1 millones de personas con discapacidad que hay en España-, las discapacidades más frecuentes son las relacionadas con la movilidad, la vida doméstica y el autocuidado, tipologías que suelen estar ligadas a enfermedades y accidentes, más que a causas congénitas o perinatales.
Mientras que el 58,2% del total de las personas con discapacidad de seis y más años residentes en hogares familiares han recibido algún servicio sanitario o social, tan solo el 9% habían percibido alguna prestación económica o indemnización por motivo de discapacidad, en los doce meses anteriores a la encuesta. Entre quienes si recibían alguna prestación, las más frecuentes eran las pen-siones contributivas por incapacidad, seguidas de las pensiones no contributivas y las asignaciones económicas por hijo a cargo.
En el ámbito económico cabe señalar también que uno de cada tres hogares en los que reside al menos una persona con discapacidad han tenido que realizar en los últimos doce meses gastos adicionales no compensados por ayudas o subvenciones por motivo de la discapacidad de sus miembros. El gasto medio anual por hogar ocasionado por la discapacidad en los hogares que declaran gasto por ese motivo asciende a 2.874 euros. El tipo de gasto más frecuente se relaciona con tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores y rehabilitadores.
El nivel educativo de las personas con discapacidad continúa siendo comparativamente bajo respecto al de las personas sin discapacidad, una diferencia que se acentúa a medida que se asciende en el nivel de estudios. Los niveles educativos más altos se dan, como se desprende de los datos de la EDAD 2008, entre las personas con deficiencias del oído, del sistema nervioso, osteoarticulares y visuales, y los más bajos, entre las personas con deficiencias del lenguaje, habla y voz, y deficiencias mentales.
Directamente relacionada con el bajo nivel educativo está la dificultad para acceder al mercado de trabajo, un ámbito en el que las mujeres con discapacidad tienen unos niveles de actividad y ocupación netamente inferiores a los de los hombres. Del total de 1,48 millones de personas con discapacidad que están en edad laboral -entre 16 y 64 años de edad- solo trabajan 419.300. Unas 106.800 está en situación de desempleo, y el resto están fuera del mercado laboral.
En el día a día de las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad es otra de las cuestiones que dificulta el desarrollo de una vida en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Las barreras comienzan en muchas ocasiones en la propia vivienda ya que en el 72,7% de los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad existen barreras de acceso. Más de la mitad de las personas con discapacidad manifiestan tener dificultad para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio.
Cuando la persona con discapacidad sale al exterior, encuentra en las calles dificultades para subir o bajar de la acera, obstáculos colocados en ellas y problemas al cruzar las calles. En los desplazamientos realizados en transporte público, más de la mitad de las personas con discapacidad aseguran haber encontrado algún tipo de dificultad. Las personas con discapacidades que afectan al aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, el autocuidado, la vida doméstica, la movilidad y la comunicación son las que en mayor proporción experimentan dificultades como las de leer, interpretar, o comprender los planos y señalizaciones; las de subir o bajar del transporte; o las de acceder a las estaciones.
Junto a las personas con discapacidad están los cuidadores, que en la mayoría de los casos son familiares y habitualmente hijas, cuando la persona que recibe los cuidados es una mujer, o esposas, cuando la persona atendida es un hombre. En un porcentaje muy bajo -en torno a un 8%- el cuidador es un empleado. En más de un tercio de los casos las personas con discapacidad necesitan ser atendidas más de ocho horas al día, situación que obliga a dejar de trabajar fuera de casa, acarrea problemas económicos y hace que la salud del cuidador se deteriore.
El nuevo marco jurídico de la Convención
La ratificación por España el día 3 de mayo de 2008 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas dos años antes, da paso a un nuevo marco jurídico que obliga a una adaptación de la legislación española para cumplir con los principios que rigen la Convención de la ONU. Este proceso, abierto tras la ratificación del texto internacional, es analizado en el ‘Informe Olivenza 2010’, tomando como fuente la propia Convención, el ordenamiento jurídico español y los estudios realizados por diferentes especialistas en la materia.
La transformación y evolución que se ha producido en el derecho interno español en los últimos años ha dado lugar a una situación propicia para la necesaria adaptación legislativa, algo que no significa que no existan aún determinados aspectos que entran en contradicción con la Convención. Entre estos aspectos, como se indica en el ‘Informe Olivenza 2010’, están la regulación de los derechos de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, instituciones tan arraigadas como los complementos de la capacidad (tutela, curatela, guarda de hecho,...), el internamiento forzoso, el régimen jurídico-penal, etc.
Entre los aspectos que precisan modificación está el del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que la Convención de la ONU cita en el artículo 12, y el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el 13. En ambos artículos profundiza el ‘Informe Olivenza 2010’, a la vista de que, por ejemplo, figuras como la incapacitación, regulada en el sistema jurídico español, entran en conflicto con la Convención.
En relación con el sistema de apoyos que la Convención de la ONU considera necesario diseñar para pasar de la sustitución de la persona con discapacidad en la toma de decisiones al apoyo en las mismas, y que el documento internacional recoge en su artículo 12; el ‘Informe Olivenza 2010’ presenta, como ejemplo, el sistema de apoyos que desarrolla en la actualidad la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX). Este sistema hace especial hincapié en la dimensión personal del tutelado y fue presentado ante los ministerios de Sanidad y Política Social y de Justicia como base para la creación del modelo de apoyos que indica pero no define la Convención de Naciones Unidas.
Respecto a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, derecho que reconoce el artículo 13 de la Convención; el ‘Informe Olivenza 2010’ recuerda la necesidad de que los Estados ratificantes del documento internacional adopten las medidas necesarias para asegurar que se forme efectivamente al personal del poder judicial y el sistema penitenciario nacionales sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. El informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad recuerda además que el acceso a la justicia también es cuestión de accesibilidad a la información y arquitectónica.
España ha sido el primer país en cumplir con el mandato de Naciones Unidas de entregar un informe sobre la aplicación de la Convención en nuestro país, un informe que recoge una serie de avances e iniciativas que se han llevado a cabo y que se relacionan en el ‘Informe Olivenza 2010’.
Retos y oportunidades para el empleo
El desarrollo de un trabajo es para las personas con discapacidad una de las herramientas esencia-les para una plena integración social y uno de los pasos clave para alcanzar la autonomía personal; sin embargo, un número creciente de personas con discapacidad que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los recortes en las políticas de incentivos a la contratación y por el descenso del empleo en los sectores económicos en los que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de integración. En el ámbito del empleo, el ‘Informe Olivenza 2010’ analiza los principales problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad (que pasan por un nivel educativo y una cualificación profesional deficientes, actitud negativa de empleadores o responsables de recursos humanos, falta de accesibilidad,...) y los avances introducidos en los últimos años.
Entre estos avances destacan los introducidos en la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012. La aplicación de la Estrategia se ha concretado en medidas como la extensión de ciertas bonificaciones e incentivos al empleo de personas con discapacidad, el incremento en reserva de puestos de trabajo en las ofertas de empleo público, determinadas modificaciones impositivas que benefician a personas con discapacidad y la introducción de criterios sociales en la contratación pública, entre otras cuestiones. En paralelo, el poder judicial ha dictado jurisprudencia sobre la compatibilidad entre las pensiones de incapacidad y el trabajo por cuenta ajena.
La información sobre los contratos acogidos a medidas de fomento de empleo que se realizan a trabajadores con discapacidad muestra que, en 2010, la contratación de personas con discapacidad se está mostrando bastante dinámica y se está recuperando con mayor nitidez de la crisis que la contratación general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos sólo muestran una parte de la dinámica del mercado laboral (las contrataciones efectuadas), y no permiten obtener conclusiones acerca de la evolución de variables como las tasas de actividad, empleo y desempleo, que son esenciales para el conocimiento de la verdadera situación de empleo de las personas con discapacidad. Es necesario, por ello, que la variable discapacidad se incorpore en las estadísticas de empleo, y en particular en la Encuesta de Población Activa y en las series estadísticas sobre afiliados en situación de alta laboral que difunde la Seguridad Social.
Desarrollo de la LAPAD
La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) es, para todos aquellos expertos que la han analizado en profundidad a lo largo de sus tres primeros años de vigencia, un avance significativo en la protección social, al consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura de las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria.
En los diferentes análisis realizados sobre la conocida como Ley de Dependencia, también se apunta que, si bien se trata de un destacable avance, existen una serie de problemas en su aplicación práctica como, por ejemplo, las importantes diferencias territoriales en su nivel de desarrollo.
El ‘Informe Olivenza 2010’ recoge en su capítulo dedicado al análisis de la aplicación de la LAPAD un apartado que detalla cómo se ha producido su evolución, así como el desarrollo del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD), y una serie de cifras que acercan a la situa-ción actual de aplicación de la ley. A través de estos datos se puede conocer que a 1 de septiembre de 2010 las prestaciones de la LAPD ascendían a 734.151 y la media de prestaciones por persona beneficiaria se había elevado hasta 1,18; siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la mayoritaria.
En la publicación se recogen además una serie de propuestas y recomendaciones para el adecuado y efectivo desarrollo de la LAPAD, realizadas por los diversos expertos e instituciones que han analizado su proceso de implantación. Estas propuestas están relacionadas con la necesidad de un nuevo impulso en materia de promoción de la autonomía personal, la mejora del proceso de entrada al SAAD (baremo, plazos de resolución y asignación de prestaciones, composición de los equipos de valoración desarrollo de la figura del gestor del caso), la mejora de los servicios y prestaciones (reequilibrio de las prestaciones, desarrollo del catálogo de servicios), la cooperación y coordinación (refuerzo del Consejo Territorial, promoción de la colaboración público-privada, promoción e impulso de un modelo de base territorial de proximidad) y la financiación del sistema (concentración de los recursos en la dependencia grave y severa, integración de la atención a la dependencia en la LOFCA, consideración de nuevas alternativas de financiación).
La actualidad del sector
Tras los cuatro capítulos monográficos del ‘Informe Olivenza 2010’, éste presenta una crónica informativa en la que se recogen aquellas noticias del ámbito de la discapacidad que fueron actualidad en los medios de comunicación a lo largo de 2008 y 2009 –con una acercamiento a las del año 2010-. A través de esta recopilación se quieren mostrar los acuerdos adoptados por instituciones públicas y privadas a lo largo del bienio estudiado, las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, acciones desarrolladas por diversas entidades y que pueden ser valoradas como buenas prácticas, situaciones de vulneración de derechos o avances en materia sociosanitaria y nuevas propuestas accesibles de ocio y cultura.
Para finalizar, la publicación elaborada desde el Observatorio Estatal de la Discapacidad incluye una selección de indicadores sobre la situación de las personas con discapacidad en España centrados en la prevención de deficiencias, la educación inclusiva y los alumnos con necesidades educativas especiales, la contratación, la protección económica, la información estadística del SAAD y la accesibilidad. Con estos últimos datos, el Observatorio Estatal de la Discapacidad quiere completar la ‘radiografía’ de la situación de las personas con discapacidad en España que supone este ‘Informe Olivenza 2010’.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad
El
Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), ubicado en Olivenza (Badajoz) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, pone al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
El OED tiene su origen en el convenio suscrito en Olivenza, el 4 de diciembre de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (cuyas competencias en materia de discapacidad fueron asumidas, tras la última reestructuración ministerial, por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Universidad de Extremadura y la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX).
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