Eduardo Díaz Velázquez (Publicado en el diario La Verdad de Murcia el 20 de Marzo de 2007)
En los últimos años, España ha experimentado un desarrollo social constante y sostenido, que ha permitido a sus ciudadanas y ciudadanos disfrutar de los niveles más altos de bienestar social jamás conocidos. No obstante, a pesar de este desarrollo, continúan existiendo colectivos sociales que, por diferentes motivos, se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de la misma. Nos estamos refiriendo, entre otros, a la población inmigrante (que cubre, sin reconocimiento, un importante sector del mercado de trabajo que la población española prácticamente ha dejado de ocupar), a las personas con discapacidad (para las que se han diseñado a lo largo de décadas políticas proteccionistas, en lugar de apostar por el desarrollo de su autonomía personal), a la minoría étnica gitana (que lleva consigo durante siglos un estigma social y cultural que habita en el inconsciente colectivo español), a las personas toxicómanas y ex-toxicómanas (a las que por su condición se estigmatiza y se les dificulta la posibilidad de (re)inserción) y a los jóvenes en riesgo (que sufren de manera más agresiva las contradicciones de nuestro sistema: precariedad laboral, vivienda inasequible, falta de oportunidades, fracaso escolar, etc.).
No se puede dejar de mencionar que las mujeres de estos colectivos, por la discriminación histórica que ha existido hacia este sexo, se encuentran con una doble situación de exclusión: por el hecho de ser mujer y por pertenecer a alguno de los colectivos señalados (caso especial es el de las mujeres gitanas, que sufren la discriminación a nivel social y de manera particular dentro de su colectivo). Es más, a veces nos podemos encontrar con la convergencia de dos, tres o más factores de exclusión, que acentúan las dificultades de integración de las personas que los “portan”: mujeres inmigrantes con discapacidad, mujeres jóvenes con algún tipo de adicción, etc.
La exclusión de estos colectivos, aunque no es necesariamente el único ámbito donde podemos observarla, se manifiesta principalmente en el mercado laboral: paro, precariedad, discriminación salarial, sectorización… Es la realidad cotidiana de miles de personas que habitan en las fronteras de nuestras sociedades de la opulencia, que por una u otra razón, no siempre ven reconocidos sus derechos. Teóricamente, atendiendo a la llamada ciudadanía formal, o, lo que es lo mismo, al reconocimiento que está presente en nuestro ordenamiento jurídico de los derechos civiles, políticos y sociales, todas las mujeres y los hombres de estos colectivos poseen iguales derechos que cualquier otro ciudadano del Estado español (a excepción de los inmigrantes, ya que la posesión de la ciudadanía está ligada a la nacionalidad y salvo la minoría del colectivo que la posee, se ven privados fundamentalmente de derechos políticos como el derecho a voto).
No deja de ser evidente que en la práctica, a pesar de esa igualdad de derechos que existe sobre el papel, estos colectivos tienen dificultades para ejercerlos de manera plena. Estamos en el campo de lo que se ha llamado, en el estudio sociopolítico, ciudadanía sustantiva. Y aunque tiene uno de sus principales ejes en el acceso al empleo, el mercado de trabajo es sólo uno de los espacios de la esfera pública donde se ejerce. A pesar de las políticas integradoras y de “discriminación positiva” que se han implementado en los últimos años, sigue existiendo una brecha fácilmente identificable entre excluidos e incluidos, que incluso puede observarse en los espacios físicos de nuestra vida cotidiana. Es por esta razón que para que estos colectivos puedan ejercer una ciudadanía plena y en igualdad de condiciones, no sólo se ha de posibilitar el acceso al empleo, sino que también se han de incrementar los esfuerzos por darles visibilidad, en particular a las mujeres (pues su exclusión se extiende, más allá de estos colectivos, a buena parte de la población). Luchar por derribar estereotipos y prejuicios, hacerlas partícipes de la esfera pública, de una participación efectiva para expresar sus demandas, sus reivindicaciones; que se vea que existen, que están ahí y que forman parte de la sociedad, como formamos parte tú y yo.
Con este fin trabajan diversas entidades sin ánimo de lucro a lo largo de nuestra geografía, que con el apoyo de diferentes organismos públicos y privados, tratan de favorecer el acceso al empleo de personas que hasta ahora lo habían tenido bastante restringido, pero que más allá, conciben que la integración pasa por dar voz y poner rostro a aquellos que, como decía Eduardo Galeano, siempre han sido “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número…”. Pero aún les queda la palabra.
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