Presentación del libro "Juegos para Todos", de Luis Miguel Bascones, publicado por la Editorial CCS

Este lunes 20 de junio se presenta, a las 20:00 horas en el espacio cultural de la Fundación ONCE “Cambio de Sentido”, libro Juegos para Todos, de Luis Miguel Bascones, publicado por la Editorial CCS.


El autor nos invita con este pequeño mensaje:

Hola,

A los 22 años publiqué un libro de juegos, entonces como monitor de tiempo libre. Tiempo después la editorial me propuso ponerlo al día y desde hacía meses lo venía preparando. A estas alturas de la vida, los contenidos incluyen el enfoque del juego adaptado y buenas dosis de risoterapia. Una apuesta por la educación inclusiva.

Habrá sorpresas en el acto, no podía ser menos.

Un abrazo

Luis Miguel

El envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad intelectual exige nuevas estrategias

El Correo (11/05/2011)

Es un hecho científicamente probado que las personas con discapacidad intelectual envejecen con mayor celeridad. Se estima que de media tienen ocho enfermedades o síndromes diferentes asociadas a su realidad y que los síntomas de este deterioro prematuro comienzan a los 50 años. ¿Qué ocurre entonces con la vida laboral y ocupacional de estas personas?¿Tienen que renunciar a ella y quedarse en casa?

Lantegi Batuak, BBK y Diputación Foral de Bizkaia han presentado una investigación "pionera" -en palabras del director de la Obra Social de la BBK, Jorge Morquecho- que plantea no solo las consecuencias de este fenómeno, sino que también aporta soluciones y propuestas a medio plazo.

En el estudio, publicado bajo el nombre, 'Envejecimiento y deterioro de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito ocupacional y del empleo en Bizkaia', se ofrecen numerosos datos de interés:

. En cinco años se ha duplicado el número de personas con discapacidad intelectual en el Serivicio Ocupacional de mayores de 40 años.

. En cinco años ha aumentado en un 7% el número de personas con discapacidad intelectual en el Centro Especial de empleo, mayor de 40 añoa.

Impacto Social

Según el director de Lantegi Batuak, Txema Franco, esta franja de edad seguirá creciendo a medio y largo plazo y tendrá "un alto impacto" en los centros especiales de empleo. "Con este estudio queremos evitar la pérdida de puestos de trabajo en personas que quieren seguir realizando su labor en las empresas, pero también asegurarles el mayor nivel de actividad posible en los centros ocupacionales". En ese sentido, las propuestas pasan por "flexibilizar los servicios y crear combinados, además de diseñar una nueva estrategia en los servicios de apoyos individuales".

Flexibilizar servicios

Otro de los autores de la investigacion, el director de Alter Civites, Víctor Bayarri, consideró que "para responder adecuadamente hay que permitir, por ejemplo, que se pueda compatibilizar la asistencia a un centro de día y a un centro ocupacional o a un centro especial de empleo. Esto es inviable actualmente y las familias se ven obligadas a elegir algo que no soluciona las necesidades de la persona con discapacidad intelectual".

Otra de las necesidades importantes es "garantizar a las personas con discapacidad intelectual al menos la renta de garantía de ingresos sea cual sea su situación laboral o de actividad". Lantegi Batuak apuesta también porque se actualicen, revisen y mejoren las valoraciones sobre dependencia, incapacidad permanente y jubilaciones anticipadas.

Financiación necesaria
La financiación tiene un espacio importante en este estudio. Los autores del mismo abogan porque exista "una financiación estable y suficiente" para hacer frente a este nuevo sistema de apoyos.

El director de Lantegi Batuak desveló que una de las situaciones más habituales es que el envejecimiento traiga aparejado una dificultad o incapacidad de usar el transporte público. En ese sentido, "el transporte no está contemplado como servicio ocupacional y es una de las soluciones que planteamos. Para ello, necesitamos financiación". Txema Franco también adelantó que la organización de un nuevo sistema de apoyos hará necesario "una redimensión de los ratios de atención de los profesionales de apoyo".

Juegos para Todos, último libro de Luis Miguel Bascones

"Juegos para todos. El arte de animar actividades lúdicas" este es el título del reciente libro de Luis Miguel Bascones, sociólogo, monitor de risoterapia, aficionado a la escritura. Autor del libro "Juegos para la animación de ambientes", del cual el presente es edición corregida y aumentada, a partir de un cambio en enfoque. Por accidente, Luis Bascones vio severamente limitada su movilidad física. Redescubrir el sentido lúdico, en situaciones adversas, supuso un punto de giro en el camino.

"Convertirse en ratón, en gato, en indio acechador o en escultura grupal... los juegos con su magia aportan una de las experiencias humanas más ricas. Contribuyen a lograr objetivos como el desarrollo físico, cognitivo y emocional, y a cultivar también valores, además de habilidades sociales básicas, como la participación por turnos. En "Juegos para Todos" se apuesta por la adaptación de juegos a la medida de los participantes del grupo, con su diversidad.

El libro se articula en dos amplias secciones: la primera ofrece una metodología para la animación lúdica. La segunda presenta un repertorio de juegos, de aire libre y de interior, basados en la práctica del autor y de diferentes grupos en los que ha participado en el viaje de vida."

Educando en la diversidad

Con motivo del X aniversario del Colegio Tres Olivos, la Fundación Dales la Palabra junto con la Asociación Entender y Hablar, ha organizado un Congreso titulado: "Hablar de educar de la atención temprana a la inserción laboral: educando desde la diversidad" para los días 8 y 9 de Abril de 2011, en el salón de actos del CaixaForum, en Madrid.

El programa del Congreso se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.colegiotresolivos.org/images/pdfs/programa%20congreso.pdf

Premios Discapnet 2011

La Princesa de Asturias y el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, hicieron entrega este 10 de marzo de 2011 de la primera edición de los Premios Discapnet a varias iniciativas en las que las nuevas tecnologías mejoran la vida cotidiana de personas con discapacidad, como la inclusión escolar de una niña con discapacidad severa con sólo ocho años en su colegio de Meaño (Pontevedra) o la iniciativa de Fundación Vodafone para que las personas con discapacidad accedan a la información de los medicamentos. También han recibido galardón “la Caixa”, Renfe Operadora-Adif y Repsol YPF-Fundación Repsol.

El proyecto “Medicamento Accesible”, desarrollado por Fundación Vodafone España, ha sido reconocido como la mejor iniciativa para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la categoría de accesibilidad TIC.

En este caso, el jurado ha destacado que se trata de una iniciativa que aprovecha, con bajo coste, los dispositivos móviles y el acceso a la Web para ofrecer una aplicación que permite disponer de la información relevante sobre el medicamento de un modo accesible. Su alta aceptación por parte de los usuarios y la facilidad de su implantación, han sido otros de los criterios subrayados. El “medicamento accesible” permitirá a un ciego o a una persona con discapacidad motriz severa, consultar en su móvil adaptado el contenido del prospecto o la fecha de caducidad, de forma completamente accesible y en tiempo real, con tan sólo captar con su cámara un código de barras específico similar al que imprime el fabricante en la caja.

Por otra parte, las empresas o entidades que más han destacado por su labor en materia de mejora de la accesibilidad TIC han sido “la Caixa”, reconocida por su compromiso continuado con la accesibilidad, y el Colegio de Educación Infantil y Primaria “As Covas” del municipio pontevedrés de Meaño, por su proyecto de investigación en el uso de las TIC en la enseñanza.

El compromiso de la Caixa se traduce, por ejemplo, en que el 85 % de sus oficinas son accesibles y el 60% de los cajeros automáticos de su red incorporan prestaciones de accesibilidad como alto contraste, videos informativos en lengua de signos, opciones guiadas por voz para personas ciegas y menús fáciles.

El Colegio “As Covas” ha llevado a cabo adaptaciones informáticas y autoaprendizaje del profesorado, que se inició tras la incorporación al centro de una alumna con necesidades educativas especiales, y que constituye un ejemplo de creatividad, de compromiso con la accesibilidad y de enseñanza integrada.

Renfe-ADIF y Repsol, Premios al Compromiso con las personas con discapacidad.
Por último, el jurado de los Premios Discapnet ha concedido dos galardones al Compromiso con las Personas con Discapacidad: Al trabajo continuado desarrollado por Renfe Operadora junto con Adif, por su alto compromiso con la mejora de la accesibilidad en el transporte ferroviario, y a Repsol YPF-Fundación Repsol, por la labor que viene realizando en favor de la integración de las personas con discapacidad.

El jurado ha valorado el gran esfuerzo de coordinación realizado por Renfe y Adif que, de forma conjunta y unitaria han sabido mejorar la experiencia de los viajeros con discapacidad que utilizan el sistema ferroviario español, algo que se ha manifestado en actuaciones como la puesta en marcha de los servicios Atendo y Dialoga y las inversiones para la adaptación de infraestructuras y material móvil.

En el caso de Repsol YPF y su Fundación se ha valorado la integración de personas con discapacidad en su plantilla, facilitando la formación necesaria, así como la sensibilización del resto de los empleados y la adaptación de sus estaciones de servicio.

Fuente: http://premios.discapnet.es/index.html

La discapacidad intelectual en el ámbito penal penitenciario. Procesos de exclusión y de integración social

Este es el título de la tesis doctoral de Clarisa Ramos Feijoo, amiga y colaboradora de InterSocial, presentada recientemente en la Universidad de Alicante. En dicha Tesis, Ramos Feijoo aborda la problemática de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito penal penitenciario, analizando las características de esta población, a través del estudio de los procesos de exclusión e integración (personal, familiar y social). La investigación, de ámbito nacional, aporta evidencias y propuestas sobre los ámbitos en los que las redes de apoyo primarias y secundarias pueden contribuir a la integración social, así como los elementos a tener presentes para evitar las situaciones de delito y encarcelación, máxima expresión de la exclusión social.

Ramos Feijoo destaca el incremento de la población con discapacidad intelectual en las cárceles, aspecto sobre el que afirma que se deriva del retroceso de los sistemas de protección social. Ello provoca el avance de los sistemas de control (prisonfare), teniendo que ver estos sistemas con cuestiones de incapacidad en la gestión de los casos más conflictivos.

La tesis doctoral abre diferentes caminos hasta el momento no trabajados sobre la relación entre la pobreza, discapacidad intelectual, los sistemas de protección social y el sistema penal penitenciario.

Una forma de prevenir que personas con discapacidad intelectual integren los penales tiene relación directa con una adecuada detección de las situaciones de riesgo en que se encuentran las personas de estos colectivos. Faltan, o no están suficientemente aprovechados los dispositivos socio-sanitarios que contribuyan a la integración social efectiva de las personas con discapacidad intelectual que puedan presentar perfiles conflictivos. Según los directores de la tesis, los doctores Miguel A. Mateo (UA) y Demetrio Casado, desde la necesaria multidisciplinariedad de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social, la tesis aborda de manera sistemática, diferentes aspectos sobre la importancia de coordinar iniciativas y experiencias desarrolladas en los procesos de integración de las personas con discapacidad intelectual, tanto por parte de los Servicios Sociales y de salud, como del tercer sector, a través de sistema de gestión de casos

El CERMI promueve un estudio sobre la situación y necesidades de la discapacidad en Ceuta y Melilla

Este estudio, realizado por InterSocial para el CERMI, constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla, que encabezan los territorios con mayor tasa de población con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado un documento en el que se recoge un extracto de los principales resultados del Estudio sobre la situación y necesidades de las personas con discapacidad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El estudio, promovido por el CERMI y realizado por Intersocial durante el año 2010, ha contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad) .

Este estudio constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla, sus características sociodemográficas, dificultades, acceso al empleo y la educación, apoyo familiar, ayudas, discriminación... Para su elaboración, se ha contado con la colaboración de las personas con discapacidad y sus familias, las entidades públicas y privadas de representación y apoyo, organizadas en torno a los CERMIS de esas ciudades, así como de la administración local y estatal.

Según el CERMI, el conocimiento de la situación de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla resulta “esencial” en el diseño de las políticas que pretenden mejorar el entorno y las condiciones de vida de este grupo social y sus familias, “sobre todo, si se tiene en cuenta que ambas ciudades autónomas encabezan los territorios con mayor tasa de población con discapacidad: Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%), Galicia (11,3%), Extremadura (11%), Castilla y León (10,9%) y Asturias (10,4%).

Los principales resultados del estudio destacan que “el enclave geográfico, la alta densidad de población de un territorio de pequeña extensión, la presión de la población flotante demandante de servicios y la falta de recursos de atención específica a la discapacidad hacen que exista tanto en Ceuta como en Melilla una gran competencia por el acceso a los recursos sociales (educativos, sanitarios, formativos, laborales…) relacionados específicamente con la discapacidad”.

En este sentido, el marco competencial de las Administraciones Públicas en Ceuta y Melilla es un elemento diferencial clave, ya que ambas Ciudades Autónomas cuentan con un estatuto que no les confiere competencias sobre servicios básicos: educación, sanidad, servicios sociales y autonomía personal y dependencia entre ellos, ni capacidad legislativa.

Por ello, el resultado es un marco legal menos complejo, pero también escaso a veces, que limita notablemente la capacidad de autogobierno de ambas ciudades, el desarrollo normativo y la gestión de servicios relacionados con el bienestar.

En el ámbito de la educación, en lo relacionado específicamente con alumnos con discapacidad, “en un contexto de gran presión para los recursos educativos”, el estudio destaca que “se favorece excesivamente la derivación de alumnos con discapacidad a los Centros de Educación Especial”. En este sentido, la inclusión educativa en ambas ciudades es relativamente efectiva en los primeros niveles, pero tiene grandes dificultades a partir de la educación secundaria.

Según los datos de la Encuesta de la Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), “la tasa de actividad de las personas con discapacidad era del 13,8% en Ceuta y del 21,5% en Melilla, ambas lejos de la tasa para la población con discapacidad en España (35,5%) y, a su vez, muy lejos de la población general (74,87%). De igual forma, destaca que “las tasas de paro para la población con discapacidad eran un 34,8% en Ceuta, un 23,2% en Melilla y un 20,9% en España, para el 2008, antes de que la crisis económica afectara al empleo y la actividad”.

Una estrategia importante de generación de empleo para las personas con discapacidad son los Planes Especiales de Empleo, promovidos por la Administración General del Estado en ambas ciudades. “Se ha detectado que pueden generar efectos nocivos para la población con discapacidad, como la inestabilidad laboral y desmotivación en la búsqueda de empleo”, señala el estudio.

“En Ceuta el Plan Especial de Empleo Público para 2010 tenía reservadas 93 plazas para personas con discapacidad; y en Melilla, a lo largo de 2009, el Plan posibilitó la contratación de 219 personas con discapacidad”, indica. Mientras, “ambas ciudades cuentan con iniciativas en materia de promoción de empleo, como PROCESA y PROMESA, formación impartida por el Servicio Público de Empleo Estatal, o las iniciativas privadas como el Programa Inserta ‘Por Talento’ de FSC de la Fundación ONCE”, añade.

En cuanto a las dificultades relacionadas con la atención sanitaria en Ceuta y Melilla, las personas con discapacidad “se ven perjudicadas con más frecuencia e intensidad por la falta de recursos especializados y la necesidad de desplazarse fuera de su ciudad para recibir atención sanitaria adecuada”. “Este hecho es especialmente perjudicial para las personas con enfermedad mental y para los menores con discapacidad”, destaca.

Por otra parte, el estudio resalta que Ceuta y Melilla “son los territorios más eficaces de España en el procedimiento de tramitación de solicitudes relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”. Sin embargo, la cobertura de servicios relacionados con el SAAD es escasa en los recursos de atención de día y servicios residenciales, especialmente en Ceuta.

“El 77,2% de las prestaciones concedidas en Ceuta y el 61,5% en Melilla, con cargo al SAAD, son de tipo económico, siendo minoritarias las prestaciones en forma de servicios de apoyo”, señala.

También se ha constatado dificultades relacionadas con accesibilidad, “aunque existen iniciativas públicas encaminadas a la mejora de este ámbito”.

Por último, el estudio también incluye una serie de propuestas integrales para la mejora de la atención y apoyo en cada una de las Ciudades Autónomas, entre las que se encuentran mejoras en el terreno de la inclusión educativa, la promoción del empleo en el ámbito privado, la atención a las personas con enfermedad mental y sus familias, el desarrollo del tejido asociativo y la promoción de la Autonomía Personal.

El equipo de Intresocial que ha realizado esta investigación ha estado integrado por Agustín Huete García (Director), Eduardo Díaz Velázquez y Antonio Sola Bautista, En el trabajo de campo, codificación y trascripción han participado Elena Díaz García, Margarita Vilela Garrido, Alexandra Campillo Sánchez y Esther Petisco Rodríguez.

Informe completo: http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/257/Estudio%20Ceuta%20y%20melilla.pdf

El ‘Informe Olivenza 2010’ presenta una visión global de la realidad de las personas con discapacidad en España



Cubierta del Informe Olivenza 2010

 El Observatorio Estatal de la Discapacidad, instrumento técnico de la Administración General del Estado encargado de la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad, ha presentado la publicación ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, cuyo contenido supone una visión de la realidad diaria de este sector de la población en nuestro país y quiere servir como orientación para que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de este colectivo.

Entre las actividades encomendadas al Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está la de elaborar un informe bienal que proporcione una actualización exhaustiva de la situación de la Discapacidad en España. En base a este mandato y en función de los indicadores recopilados y de los estudios e investigaciones impulsadas por el OED, éste ha presentado la publicación ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, un documento que constituye una visión de la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país en el bienio 2008-2009 (con datos actualizados a 2010) que quiere contribuir a que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad.

La publicación que ahora se presenta aparece estructurada en cuatro capítulos monográficos, que abordan el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad en España según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008); la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; los retos y oportunidades en materia de empleo y el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El ‘Informe Olivenza 2010’ incluye además una crónica informativa, que recoge aquellas noticias que fueron actualidad en el sector en el período de tiempo estudiado, y una selección de indicadores estadísticos sobre prevención de deficiencias, educación, contratación, protección económica, información estadística del SAAD y accesibilidad.

Perfil de la población con discapacidad

El trabajo multidisciplinar del equipo técnico del Observatorio Estatal de la Discapacidad que ahora se hace público permite conocer que la discapacidad aparece a edades cada vez más tardías y con mayores tasas de prevalencia en mujeres que en hombres, a partir de los 45 años. Los datos de la EDAD 2008 analizados para el ‘Informe Olivenza 2010’ revelan que entre los 3,8 millones de personas con discapacidad de seis y más años que residen en hogares familiares -del total de 4,1 millones de personas con discapacidad que hay en España-, las discapacidades más frecuentes son las relacionadas con la movilidad, la vida doméstica y el autocuidado, tipologías que suelen estar ligadas a enfermedades y accidentes, más que a causas congénitas o perinatales.

Mientras que el 58,2% del total de las personas con discapacidad de seis y más años residentes en hogares familiares han recibido algún servicio sanitario o social, tan solo el 9% habían percibido alguna prestación económica o indemnización por motivo de discapacidad, en los doce meses anteriores a la encuesta. Entre quienes si recibían alguna prestación, las más frecuentes eran las pen-siones contributivas por incapacidad, seguidas de las pensiones no contributivas y las asignaciones económicas por hijo a cargo.

En el ámbito económico cabe señalar también que uno de cada tres hogares en los que reside al menos una persona con discapacidad han tenido que realizar en los últimos doce meses gastos adicionales no compensados por ayudas o subvenciones por motivo de la discapacidad de sus miembros. El gasto medio anual por hogar ocasionado por la discapacidad en los hogares que declaran gasto por ese motivo asciende a 2.874 euros. El tipo de gasto más frecuente se relaciona con tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores y rehabilitadores.

El nivel educativo de las personas con discapacidad continúa siendo comparativamente bajo respecto al de las personas sin discapacidad, una diferencia que se acentúa a medida que se asciende en el nivel de estudios. Los niveles educativos más altos se dan, como se desprende de los datos de la EDAD 2008, entre las personas con deficiencias del oído, del sistema nervioso, osteoarticulares y visuales, y los más bajos, entre las personas con deficiencias del lenguaje, habla y voz, y deficiencias mentales.

Directamente relacionada con el bajo nivel educativo está la dificultad para acceder al mercado de trabajo, un ámbito en el que las mujeres con discapacidad tienen unos niveles de actividad y ocupación netamente inferiores a los de los hombres. Del total de 1,48 millones de personas con discapacidad que están en edad laboral -entre 16 y 64 años de edad- solo trabajan 419.300. Unas 106.800 está en situación de desempleo, y el resto están fuera del mercado laboral.

En el día a día de las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad es otra de las cuestiones que dificulta el desarrollo de una vida en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Las barreras comienzan en muchas ocasiones en la propia vivienda ya que en el 72,7% de los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad existen barreras de acceso. Más de la mitad de las personas con discapacidad manifiestan tener dificultad para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio.

Cuando la persona con discapacidad sale al exterior, encuentra en las calles dificultades para subir o bajar de la acera, obstáculos colocados en ellas y problemas al cruzar las calles. En los desplazamientos realizados en transporte público, más de la mitad de las personas con discapacidad aseguran haber encontrado algún tipo de dificultad. Las personas con discapacidades que afectan al aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, el autocuidado, la vida doméstica, la movilidad y la comunicación son las que en mayor proporción experimentan dificultades como las de leer, interpretar, o comprender los planos y señalizaciones; las de subir o bajar del transporte; o las de acceder a las estaciones.

Junto a las personas con discapacidad están los cuidadores, que en la mayoría de los casos son familiares y habitualmente hijas, cuando la persona que recibe los cuidados es una mujer, o esposas, cuando la persona atendida es un hombre. En un porcentaje muy bajo -en torno a un 8%- el cuidador es un empleado. En más de un tercio de los casos las personas con discapacidad necesitan ser atendidas más de ocho horas al día, situación que obliga a dejar de trabajar fuera de casa, acarrea problemas económicos y hace que la salud del cuidador se deteriore.

El nuevo marco jurídico de la Convención

La ratificación por España el día 3 de mayo de 2008 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas dos años antes, da paso a un nuevo marco jurídico que obliga a una adaptación de la legislación española para cumplir con los principios que rigen la Convención de la ONU. Este proceso, abierto tras la ratificación del texto internacional, es analizado en el ‘Informe Olivenza 2010’, tomando como fuente la propia Convención, el ordenamiento jurídico español y los estudios realizados por diferentes especialistas en la materia.

La transformación y evolución que se ha producido en el derecho interno español en los últimos años ha dado lugar a una situación propicia para la necesaria adaptación legislativa, algo que no significa que no existan aún determinados aspectos que entran en contradicción con la Convención. Entre estos aspectos, como se indica en el ‘Informe Olivenza 2010’, están la regulación de los derechos de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, instituciones tan arraigadas como los complementos de la capacidad (tutela, curatela, guarda de hecho,...), el internamiento forzoso, el régimen jurídico-penal, etc.

Entre los aspectos que precisan modificación está el del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que la Convención de la ONU cita en el artículo 12, y el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el 13. En ambos artículos profundiza el ‘Informe Olivenza 2010’, a la vista de que, por ejemplo, figuras como la incapacitación, regulada en el sistema jurídico español, entran en conflicto con la Convención.

En relación con el sistema de apoyos que la Convención de la ONU considera necesario diseñar para pasar de la sustitución de la persona con discapacidad en la toma de decisiones al apoyo en las mismas, y que el documento internacional recoge en su artículo 12; el ‘Informe Olivenza 2010’ presenta, como ejemplo, el sistema de apoyos que desarrolla en la actualidad la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX). Este sistema hace especial hincapié en la dimensión personal del tutelado y fue presentado ante los ministerios de Sanidad y Política Social y de Justicia como base para la creación del modelo de apoyos que indica pero no define la Convención de Naciones Unidas.

Respecto a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, derecho que reconoce el artículo 13 de la Convención; el ‘Informe Olivenza 2010’ recuerda la necesidad de que los Estados ratificantes del documento internacional adopten las medidas necesarias para asegurar que se forme efectivamente al personal del poder judicial y el sistema penitenciario nacionales sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. El informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad recuerda además que el acceso a la justicia también es cuestión de accesibilidad a la información y arquitectónica.

España ha sido el primer país en cumplir con el mandato de Naciones Unidas de entregar un informe sobre la aplicación de la Convención en nuestro país, un informe que recoge una serie de avances e iniciativas que se han llevado a cabo y que se relacionan en el ‘Informe Olivenza 2010’.

Retos y oportunidades para el empleo

El desarrollo de un trabajo es para las personas con discapacidad una de las herramientas esencia-les para una plena integración social y uno de los pasos clave para alcanzar la autonomía personal; sin embargo, un número creciente de personas con discapacidad que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los recortes en las políticas de incentivos a la contratación y por el descenso del empleo en los sectores económicos en los que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de integración. En el ámbito del empleo, el ‘Informe Olivenza 2010’ analiza los principales problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad (que pasan por un nivel educativo y una cualificación profesional deficientes, actitud negativa de empleadores o responsables de recursos humanos, falta de accesibilidad,...) y los avances introducidos en los últimos años.

Entre estos avances destacan los introducidos en la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012. La aplicación de la Estrategia se ha concretado en medidas como la extensión de ciertas bonificaciones e incentivos al empleo de personas con discapacidad, el incremento en reserva de puestos de trabajo en las ofertas de empleo público, determinadas modificaciones impositivas que benefician a personas con discapacidad y la introducción de criterios sociales en la contratación pública, entre otras cuestiones. En paralelo, el poder judicial ha dictado jurisprudencia sobre la compatibilidad entre las pensiones de incapacidad y el trabajo por cuenta ajena.

La información sobre los contratos acogidos a medidas de fomento de empleo que se realizan a trabajadores con discapacidad muestra que, en 2010, la contratación de personas con discapacidad se está mostrando bastante dinámica y se está recuperando con mayor nitidez de la crisis que la contratación general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos sólo muestran una parte de la dinámica del mercado laboral (las contrataciones efectuadas), y no permiten obtener conclusiones acerca de la evolución de variables como las tasas de actividad, empleo y desempleo, que son esenciales para el conocimiento de la verdadera situación de empleo de las personas con discapacidad. Es necesario, por ello, que la variable discapacidad se incorpore en las estadísticas de empleo, y en particular en la Encuesta de Población Activa y en las series estadísticas sobre afiliados en situación de alta laboral que difunde la Seguridad Social.

Desarrollo de la LAPAD

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) es, para todos aquellos expertos que la han analizado en profundidad a lo largo de sus tres primeros años de vigencia, un avance significativo en la protección social, al consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura de las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria.

En los diferentes análisis realizados sobre la conocida como Ley de Dependencia, también se apunta que, si bien se trata de un destacable avance, existen una serie de problemas en su aplicación práctica como, por ejemplo, las importantes diferencias territoriales en su nivel de desarrollo.

El ‘Informe Olivenza 2010’ recoge en su capítulo dedicado al análisis de la aplicación de la LAPAD un apartado que detalla cómo se ha producido su evolución, así como el desarrollo del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD), y una serie de cifras que acercan a la situa-ción actual de aplicación de la ley. A través de estos datos se puede conocer que a 1 de septiembre de 2010 las prestaciones de la LAPD ascendían a 734.151 y la media de prestaciones por persona beneficiaria se había elevado hasta 1,18; siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la mayoritaria.

En la publicación se recogen además una serie de propuestas y recomendaciones para el adecuado y efectivo desarrollo de la LAPAD, realizadas por los diversos expertos e instituciones que han analizado su proceso de implantación. Estas propuestas están relacionadas con la necesidad de un nuevo impulso en materia de promoción de la autonomía personal, la mejora del proceso de entrada al SAAD (baremo, plazos de resolución y asignación de prestaciones, composición de los equipos de valoración desarrollo de la figura del gestor del caso), la mejora de los servicios y prestaciones (reequilibrio de las prestaciones, desarrollo del catálogo de servicios), la cooperación y coordinación (refuerzo del Consejo Territorial, promoción de la colaboración público-privada, promoción e impulso de un modelo de base territorial de proximidad) y la financiación del sistema (concentración de los recursos en la dependencia grave y severa, integración de la atención a la dependencia en la LOFCA, consideración de nuevas alternativas de financiación).

La actualidad del sector

Tras los cuatro capítulos monográficos del ‘Informe Olivenza 2010’, éste presenta una crónica informativa en la que se recogen aquellas noticias del ámbito de la discapacidad que fueron actualidad en los medios de comunicación a lo largo de 2008 y 2009 –con una acercamiento a las del año 2010-. A través de esta recopilación se quieren mostrar los acuerdos adoptados por instituciones públicas y privadas a lo largo del bienio estudiado, las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, acciones desarrolladas por diversas entidades y que pueden ser valoradas como buenas prácticas, situaciones de vulneración de derechos o avances en materia sociosanitaria y nuevas propuestas accesibles de ocio y cultura.

Para finalizar, la publicación elaborada desde el Observatorio Estatal de la Discapacidad incluye una selección de indicadores sobre la situación de las personas con discapacidad en España centrados en la prevención de deficiencias, la educación inclusiva y los alumnos con necesidades educativas especiales, la contratación, la protección económica, la información estadística del SAAD y la accesibilidad. Con estos últimos datos, el Observatorio Estatal de la Discapacidad quiere completar la ‘radiografía’ de la situación de las personas con discapacidad en España que supone este ‘Informe Olivenza 2010’.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), ubicado en Olivenza (Badajoz) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, pone al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

El OED tiene su origen en el convenio suscrito en Olivenza, el 4 de diciembre de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (cuyas competencias en materia de discapacidad fueron asumidas, tras la última reestructuración ministerial, por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Universidad de Extremadura y la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX).

Acceso al Informe Olivenza 2010, en la web del Observatorio Estatal de la Discapacidad

Crónica de la Jornada sobre Capacidad Jurídica y Discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad ha publicado una extensa crónica sobre la Jornada 'Capacidad Jurídica y Discapacidad: de la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos'. Puede accederse a esta crónica a través del siguiente enlace:

Las reformas legislativas de fondo y el diseño de planes individualizados se definen como claves para configurar un auténtico modelo de apoyos.

José Javier Soto pronuncia la ponencia inaugural de la Jornada sobre Capacidad Jurídica y Discapacidad

Mérida, 15 de diciembre. José Javier Soto, director del proyecto ‘Capacidad Jurídica y Discapacidad’, ha defendido en su ponencia inaugural la necesidad de mantener la ilusión que generó la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, para aprovechar con responsabilidad la oportunidad histórica que nos brinda para avanzar en el desarrollo de los derechos humanos.

En un discurso contenido y vibrante, que comenzó con referencias a las reflexiones que, tras la aprobación de la Convención, pudo compartir con personas como Miguel Ángel Cabra de Luna, Yanis Vardakastanis, Johan Geuzendam, Garald Quinn y Gábor Gomos, entre otros, Soto ha recordado que el corazón de la Convención es su artículo 12, que habla de principios como la dignidad de la persona, la autonomía, la igualdad y la solidaridad, y se ha mostrado firme al afirmar que el sistema actual de tutela es incompatible con la convención, pues aunque el artículo 12 no cita expresamente la tutela, la Convención establece que las medidas de apoyo deben adoptarse en el tiempo más breve posible, algo que la actual regulación de los procesos de modificación de la capacidad hace imposible.

En opinión de Soto, existen dos orientaciones doctrinales radicalmente opuestas en relación con el tema de la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad: la primera de ellas afirma que la Convención exige abordar un cambio radical. La segunda no ve la necesidad de cambios esenciales en nuestra legislación, y considera suficiente un cambio terminológico. Soto se ha decantado claramente por la primera, puesto que “de nada vale cambiar el nombre si no se cambia la sustancia, si se mantiene como eje de la regulación la falta de respeto a la autonomía de la persona”.

Transcurridos cuatro años desde la aprobación de la Convención, Soto considera que de la ilusión y de la esperanza inicial se ha pasado a una situación en la que, aunque muchos somos conscientes de que debemos adaptar la legislación a la convención, vemos también como muchos otras buscan justificaciones para adoptar posturas cómodas y conformistas, con el argumento de que nuestra legislación ya estaría adaptada a lo que la Convención exige. Frente a estos posturas, Soto ha defendido que se debe mantener la ilusión que generó la Convención,
Bajo estos parámetros:

Igualdad, respeto a la autonomía, medidas de apoyo proporcionales y adoptadas en el tiempo más breve posible: “Debemos seguir desarrollando el sistema de apoyos, pero desde los parámetros que marca la convención. No me gustaría abandonar la ilusión que en un momento tuvimos, no me gustaría resignarme a la pérdida de una oportunidad esencial. De nosotros dependerá que la Convención sea de verdad un texto fundamental para el desarrollo de los derechos humanos”.

Tras afirmar que su sensación personal es de esperanza, Soto ha concluido su disertación con una llamada a trabajar por el pleno desarrollo de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad “Tenemos una responsabilidad y una oportunidad, Aprovechémosla”.

Se celebra en Mérida la Jornada ‘Capacidad Jurídica y Discapacidad: De la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos’

Según informa el Observatorio Estatal de la Discapacidad, profesionales de los ámbitos de la discapacidad y la Justicia analizarán mañana en Mérida (Badajoz), en el marco de la jornada ‘Capacidad Jurídica y Discapacidad: De la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos’, las implicaciones que, en relación con el tratamiento de la capacidad jurídica, se derivan del artículo 12 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La jornada se celebrará en el Palacio de Congresos de Mérida, a partir de las 10.00 horas.

El encuentro, organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad y la revista El Siglo, contará con la presencia de profesionales del movimiento asociativo de la discapacidad y del ámbito jurídico, que darán a conocer estudios sobre la regulación de las garantías para el ejericico de la capacidad jurídica realizados a la luz de la Convención de la ONU, analizarán el nuevo paradigma del modelo de apoyos y expondrán los retos existentes y las respuestas que desde la sociedad se pueden dar para el desarrollo del citado modelo.

La jornada concluirá con la exposición de la propuesta de la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con discapacidad (FUTUEX) sobre la configuración jurídica de un modelo de apoyos, dirigido a garantizar las medidas de apoyo mecesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercitar su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás.

El programa de la Jornada es el siguiente:

JORNADA “CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD: DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CAPACIDAD AL MODELO DE APOYOS”

Palacio de Congresos de Mérida
15 de diciembre de 2010

PROGRAMA

9,30 h. – 10,00 h.: Recogida de credenciales

10,00 h. – 10,30 h.: Acto inaugural

Presentación:

Yolanda García, subdelegada del Gobierno en Extremadura.

Carmen Yáñez, delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Mérida.

Francisco de Jesús Valverde, presidente de Futuex, entidad gestora del Observatorio Estatal de la Discapacidad.

Jesús Gumiel, presidente del CERMI Extremadura.

Julio Márquez de Prado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Inauguración:

Juan Carlos Campón, director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Extremadura (SEPAD).

10,30 h. – 11,00 h.: Ponencia inaugural:

José Javier Soto Ruiz, director del proyecto ‘Capacidad Jurídica y Discapacidad’.

11,00 h. – 11,30 h.: Pausa-café.

11,30 h. – 13,15 h.: Mesa-Debate: ‘El nuevo paradigma del modelo de apoyos’.

Juan Carlos Campón, director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Extremadura (SEPAD).
Blanca Entrena, notaria y patrona de la Fundación Aequitas.
Fernando Pindado, asesor jurídico del Consejo General de la ONCE.
Torcuato Recover, abogado y asesor jurídico de FEAPS Andalucía
Mª Dolores Díez, subdirectora general adjunta de Política Legislativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.

13,15 h. - 13,45 h.: Debate.

Moderador: Alberto Herrera, director de la Unidad de Estudiantes de la Universidad de Extremadura.

13,45 h.: Almuerzo

16,00 h. - 17,30 h.: Mesa-Debate: ‘Retos y respuestas desde la sociedad’

Josu Montalbán, diputado del PSOE y miembro de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso.
Teresa Tortonda, diputada del PP en la Asamblea de Extremadura.
Jacobo Martín, subdirector general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad. Ministerio de Sanidad, Política Social e Integración.
Ana Sastre, delegada para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Cermi.
Carlos Ganzenmuller, fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro Justicia y Discapacidad.

17, 30 h. – 18,00 h.: Debate.

Moderador: José Manuel Bañegil, coordinador de Informativos no diarios de Canal Extremadura Televisión.

18,00 h. – 18,30 h.: Presentación de la propuesta de FUTUEX sobre Configuración Jurídica de un modelo de apoyos

José Condiño, secretario general técnico de la Fundación para la promoción y apoyo a las personas con discapacidad, FUTUEX.
Antonia Mª Ramírez, psicóloga de FUTUEX.
Soledad Parra, abogada de FUTUEX.
Antonia Mª Ortiz, abogada de FUTUEX.

18,30 h. – Clausura

La Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México

•Organizaciones de derechos humanos encuentran que niños y adultos con discapacidad están desaparecidos, son objeto de trata de personas y de abusos en las instituciones psiquiátricas y orfanatos de México.


Después de un año de investigación, Disability Rights International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dan a conocer su informe conjunto sobre los abusos a derechos humanos perpetrados contra niños y adultos con discapacidad en México. Abandonados y Desaparecidos: La Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México describe la desaparición de niños en orfanatos e instituciones mexicanas y el descubrimiento por parte de los investigadores de gente detenida en instituciones, de las cuales no se tiene registro de sus nombres, edades o ubicación de internamiento. No hay manera de que alguien, incluyendo los padres, los encuentren entre los miles de abandonados que son relegados por el resto de sus vidas a permanecer en estas instituciones. Dentro de las mismas, se identificaron una amplia gama de condiciones atroces y formas de maltrato que atentan contra la vida.

“Estos son los ciudadanos más vulnerables en México, niños abandonados que desaparecen en un mundo de explotación y abuso, y personas con discapacidad forzadas a aguantar una vida de tratos atroces en instituciones. Encontramos violaciones atroces a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) un tratado que el gobierno mexicano defendió y ayudó a elaborar. El gobierno de México ha prometido defender estos derechos”, dijo el abogado Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI y autor principal del informe. “La labor de México en relación con la protección de las personas con discapacidad de conformidad con la CDPD será evaluada por primera vez por las Naciones Unidas este año. El gobierno tendrá que responder a sus ciudadanos con discapacidad – y a la comunidad internacional – por los abusos documentados en este informe.”

“Las violaciones a derechos humanos perpetrados contra niños con discapacidad en México son tan graves como cualquier otra que haya documentado esta organización en los últimos veinte años”, sostiene Juan Carlos Gutiérrez, Director Ejecutivo de la CMDPDH. “Hacemos un llamado al gobierno de México para que detenga estos abusos inmediatamente y proteja los derechos humanos de todas las personas con discapacidad."

“Cuando eres diagnosticado con una enfermedad mental en México, puedes ser encerrado y tus derechos te pueden ser arrebatados. Somos tratados como menos que humanos”, señaló José Ángel Valencia Orozco, un usuario del sistema de salud mental y quien anteriormente estuviera internado en una institución. “La nueva Convención sobre Discapacidad promete que nosotros podemos ser parte de la sociedad como otra gente, y esto es todo lo que pedimos”. Ángel Valencia es ahora un activista de derechos humanos y coautor de Abandonados y Desaparecidos.



Informe completo: http://www.cmdpdh.org/docs/Informe%20Abandonados%20y%20Desaparecidos%20DRI%20CMDPDH.pdf

InterSocial, en el II Congreso sobre daño cerebral adquirido en la comunidad valenciana

La Universitat Jaume I de Castellón celebra II Congreso sobre Daño Cerebral Adquirido en la Comunidad Valenciana: desde el déficit hacia la actividad y participación social, los días 28 y 29 de octubre de 2010 con motivo de la celebración de la "Semana del Daño Cerebral".

Para ello, ha contado en la ponencia inaugural con el neurólogo Alvaro Pascual-Leone, MD, PhD, que entre otros cargos, es el director del Centro Berenson-Allen para Estimulación Cerebral No-invasiva y director del Centro Harvard-Thorndike para Investigación Clínica, que ha hablado de las "Consecuencias del Daño cerebral adquirido para un sistema nervioso plástico".

InterSocial ha participado en este primer día de actividades con dos ponencias: "Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad desde la perspectiva de género" y "El Daño Cerebral Adquirido (DCA) en España: Principales resultados a partir de la Encuesta EDAD-INE- 2008".

Más información en: http://www.fue.uji.es/jornadas/verevento.shtm?no_exp=EX090425&seccion=3

IV Marcha por la visibilidad de las personas con diversidad funcional (discapacidad)

Este 11 de septiembre de 2010 y bajo el lema "Derechos Humanos ¡YA!", tuvo lugar en Madrid la "IV Marcha por la visibilidad con Diversidad Funcional" organizada por el Foro de Vida Independiente.

A la Marcha asistieron personas llegadas desde distintos puntos (Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Valencia...). A través de la Marcha las personas con diversidad funcional exigieron el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2007.

Más información: http://www.forovidaindependiente.org/manifiesto_IV_marcha

Este verano la Organización Iberoamericana de Seguridad Social inauguró el Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social inauguró este verano en Argentina, el primer Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, cuyo objetivo es el de disponer de un ámbito destinado a facilitar el conocimiento, información y asesoría en accesibilidad y ayudas técnicas, destinado a favorecer la autonomía personal de los adultos mayores, las personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia de los países latinoamericanos.

El CIAPAT surgió de la necesidad de establecer mecanismos de información y asesoramiento en accesibilidad y ayudas técnicas en las diferentes áreas de acción (accesibilidad, arquitectónica, urbanística, del transporte, de las comunicaciones y telecomunicaciones) que diera respuesta a las necesidades y demandas sociales para apoyar a las instituciones, a los adultos mayores y personas con discapacidad en América Latina.

El Centro no sólo está dirigido a estos colectivos, sino también a: investigadores, empresarios, diseñadores, y a todas las personas e instituciones relacionadas con el diseño, la arquitectura, las ayudas técnicas y el mercado de las tecnologías y la rehabilitación.

El CIAPAT está ubicado en la sede de la OISS en Buenos Aires, y estará gestionado por su Centro de Acción Regional para el Cono Sur, el cual cuenta con la activa participación y colaboración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de la República Argentina (PAMI) y el apoyo de otras instituciones nacionales.

http://www.oiss.org/ciapat/index.html

Más información en: http://www.oiss.org/

El Foro de Vida Independiente convoca para el 11 de septiembre una marcha por la visibilidad de la diversidad funcional (Discapacidad)

El Foro de Vida Independiente ha convocado para el 11 de septiembre la IV Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional, en demanda de "una igualdad de oportunidades real y de reconocimiento de su diversidad, poniendo en evidencia que se siguen limitando los derechos humanos que les impiden llevar una vida independiente", han informado fuentes de la asociación.

La cita transcurrirá desde la plaza de Jacinto Benavente hasta la plaza de Lavapiés a partir de las 18 horas. Antes, desde las 12 de la mañana, habrá una serie de actos o performances reivindicaivos a los que también se invita "a todos", según el Foro.

La agrupación ciudadana, conformada por más de 800 personas, organiza por cuarto año esta marcha, para solicitar la vida digna, "frente a la discriminación a que se ven sometidos a diario", de las personas con diversidad funcional (término alternativo al de 'persona con discapacidad' que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de los propios afectados).

El término fue propuesto por el propio Foro de Vida Independiente en 2005 para sustituir a otros cuya semántica pueda considerarse peyorativa. "La lucha continúa. No sólo falta desarrollar y aplicar las leyes existentes, sino ampliar la batalla a muchas demandas aún no atendidas", han asegurado desde la organización."

Las personas diversas no son objetos, sino sujetos que no piden limosnas ni caridades, sino que exigen igualdad", ha manifestado un portavoz del Foro de Vida Independiente.

El CERMI constituye una Red Estatal de Mujeres con Discapacidad

La REMD se crea ante la necesidad de impulsar el desarrollo, fortalecimiento y empoderamiento de un movimiento asociativo fuerte en España, en cohesión con el propio tejido asociativo de la discapacidad articulado en torno al CERMI.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha constituido una Red Estatal de Mujeres con Discapacidad (REMD), con el objetivo de trabajar para aunar los esfuerzos de las mujeres con discapacidad de los movimientos sectoriales y participar en el diseño, desarrollo y monitorización de políticas, acciones y programas que se lleven a cabo en materia de género o de discapacidad.

La REMD incorporará en su estructura a todas las comisiones de mujeres de los CERMIS Autonómicos, así como las comisiones de mujeres de las organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones específicas de mujeres con discapacidad que lo soliciten, lo que garantizará la representatividad geográfica y de todas las discapacidades.

Esta red está configurada como una plataforma de intercambio y trabajo, fundamentalmente virtual. En este sentido, el CERMI está trabajando para la elaboración de un espacio web que la acoja y dé cabida a todas las actividades previstas para el próximo año: foros de debate, fondo documental, boletín electrónico, seminario o manual sobre la transversalización del género y la discapacidad, entre otras.

A través de la creación de la Red Estatal de Mujeres con Discapacidad del CERMI se espera fortalecer el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad en España, pero, desde luego, profundizar también en los temas prioritarios que impiden el acceso en igualdad a los recursos económicos, educativos y sociales de las niñas y mujeres con discapacidad.
Con ello, se concienciará sobre la necesidad de transversalizar el género en las políticas de discapacidad y la discapacidad en las políticas de género para garantizar la inclusión de todo este sector de la población y lograr su participación en igualdad tanto con respecto a los hombres con discapacidad, como con respecto al resto de mujeres.

Más información: http://www.cermi.es

Tendencias y prospectivas de la discapacidad en España a partir de los resultados detallados de la EDAD 2008

La disponibilidad y calidad de la información agregada sobre discapacidad en España es una cuestión sobre la que tenemos claras lagunas. Si bien es cierto que existen muchos registros administrativos y algunas estadísticas que ofrecen información más o menos continua, esta no alcanza para explicar de forma completa y coherente la situación real, y en no pocas ocasiones nos conduce a conclusiones contradictorias utilizando datos provenientes de fuentes de oficiales. La discapacidad, además, es un fenómeno cuya conceptualización es compleja y polémica; la operativización de diferentes paradigmas de definición ha determinado el diseño de registros y estadísticas a lo largo del tiempo, cuestión que afecta claramente a la comparabilidad de los datos.
La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008), es la tercera de una serie de estadísticas -que comenzó en 1986 con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM1986) y continuó con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS1999)- y viene a paliar, en buena medida, las necesidades actuales de información estadística sobre discapacidad. La EDAD2008 ofrece datos sobre personas con discapacidad que residen tanto en domicilios familiares (hogares) como en centros, para lo cual se han ejecutado dos etapas diferentes en el trabajo de campo, realizadas entre noviembre de 2007 y julio de 2008. La muestra de la encuesta dirigida a hogares alcanza 260.000 personas en 96.000 viviendas diferentes; para el caso de los centros se ha utilizado una muestra de 800 centros y 11.100 personas.
La EDAD2008 es una de las operaciones estadísticas de mayor despliegue de recursos de las que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Es una encuesta diseñada para describir de forma global la realidad de las personas con discapacidad en España. En su proyecto y puesta en marcha además, el INE ha sabido contar con la colaboración de otras instancias gubernamentales así como entidades del sector, como El Ministerio de Sanidad y Política Social, la Fundación ONCE o el CERMI. Por su calidad y dimensión, la EDAD2008 viene a cubrir muchas de las lagunas de datos sobre la población con discapacidad en España hasta ahora existentes, y permite disponer, sobre todo en los años más próximos a su publicación, información muy completa y detallada.
Una característica muy positiva de la EDAD 2008 es la apuesta clara por un modelo de identificación de discapacidad coherente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: se centra en la actividad de la persona y las dificultades a las que hace frente en su vida diaria, dejando a un lado la valoración de cuestiones médicas que, además de complejas para el/la entrevistada y la/el entrevistador, desvían la atención de las cuestiones funcionales, que son en definitiva, el núcleo de interés en términos de discapacidad. Esta cuestión, además, permite cierta comparabilidad con la encuesta de 1.999.
En cuanto al diseño propiamente, es destacable que por primera vez el trabajo de campo de una encuesta de tanta importancia ha encontrado una estrategia para incluir a las personas con discapacidad que no viven en hogares familiares, sino en centros colectivos. Es de celebrar también la inclusión o ampliación de información respectiva a discriminación por motivos de discapacidad, así como sobre ingresos y gastos, es decir coste, que los hogares asumen por motivos de discapacidad.
De acuerdo con la EDAD2008, en España viven 3.850.000 personas con discapacidad en domicilios familiares, que unidas a las 269.400 residentes en centros, suman algo más de cuatro millones de personas, es decir el 9% de la población. La primera noticia respecto a los últimos datos oficiales de una encuesta similar (EDDES99), es que la población con discapacidad en España, básicamente, se mantiene en términos de magnitud.
Los nuevos datos confirman la tendencia general sobre la población con discapacidad en España, y es que se relaciona principalmente con dos variables: género y edad. Aproximadamente la mitad de las personas con discapacidad en España son mayores de 65 años, la mayoría de ellas mujeres. En general, las mejoras en calidad y condiciones de vida están favoreciendo un envejecimiento poblacional en el que la cronificación o agravamiento de determinados problemas de salud causan discapacidad. Más de la mitad de la población a partir de los 80 años en el caso de los varones y a partir de los 75 en el caso de las mujeres, tiene discapacidad.
La EDAD2008 confirma además que la discapacidad se presenta como un fenómeno de distribución generalizada pero desigual en el territorio español. Las tasas de discapacidad más altas casi duplican las de las comunidades con tasa de discapacidad más baja. En los próximos meses, deberemos centrarnos en el análisis detallado de estas notables diferencias, para cuya explicación será preciso contemplar factores demográficos, de estilo de vida y nivel socioeconómico, entre otros.
Los principales grupos de discapacidad de las personas de seis y más años residentes en hogares son los de movilidad, que afecta al 6,0% de toda la población, esto es casi dos tercios de la población con discapacidad, vida doméstica que afecta a algo más de la mitad de la población con discapacidad, y autocuidado.
En general los sistemas y dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad llegan a la mayoría o una buena parte de la población, pero de manera insuficiente. Si bien es cierto que cuatro de cada cinco personas con discapacidad disponen de algún tipo de asistencia, la mayoría reconoce que esta no es suficientes para desenvolverse en tareas de la vida cotidiana. Este dato nos sitúa ante otra de las grandes cuestiones para los próximos años, como es el de al revisión de los sistemas y dispositivos de ayuda, su adecuación a las necesidades individuales, estilo de vida y expectativas de las personas con discapacidad tomadas una a una, en su contexto de referencia y en su actividad diaria.
Hablando de actividad, la cuestión laboral no muestra grandes signos de cambio respecto a etapas anteriores, a grandes rasgos. Es cierto que las mediciones sobre mercado de trabajo son más útiles cuanto más cercanas al presente, por lo que una Encuesta como la EDAD2008, cuyo trabajo de campo se ha realizado hace más de un año, nos puede informar únicamente sobre tendencias, pero no sirve para analizar la situación actual, mediada además por la crisis económica. Hecha esta salvedad, la EDAD2008 nos permite corroborar que antes que por el paro, la población con discapacidad se ve afectada por la inactividad laboral. Dos tercios del total de la población con discapacidad en edad de trabajar, está fuera del mercado de trabajo, no realiza actividad productiva alguna, ni tiene expectativas de hacerlo. Las políticas de empleo deberían afrontar prioritariamente medidas que eliminen los resortes que discriminan a personas con discapacidad potencialmente activas, abocadas injusta y arbitrariamente en la mayoría de los casos, a una vida económicamente improductiva.
(Publicado en Cermi.es, nº85, diciembre de 2009)

Inmigrantes con discapacidad

El pasado día 24 de marzo de presentó en Madrid el libro "Las personas inmigrantes con discapacidad en España", publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, que recoge los resultados de una investigación realizada por el equipo de Intersocial, en colaboración con el CERMI.

Este trabajo constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas inmigrantes con discapacidad en España, un fenómeno que, en paralelo al de la inmigración, presenta un incremento muy considerable en los últimos años. Según estimaciones realizadas en el marco del estudio, el porcentaje de personas con discapacidades entre la población inmigrante se acerca al 5%, lo que representaba en 2007 unas 225.000 personas, en su mayoría en edad laboral.

Inmigración y discapacidad constituyen dos factores potenciales de exclusión en muchos ámbitos de la vida social. La situación de las personas inmigrantes con discapacidad es de mayor desventaja, por un lado, respecto a la población nacional con discapacidad y, por otro lado, a la del resto de población inmigrante en España. Las principales dificultades para la integración objetiva, atención y apoyo a los inmigrantes con discapacidad vienen determinadas por situaciones jurídicas que les dificultan el acceso a determinados derechos sociales mínimos. La legislación dificulta a la población extranjera que no tiene regularizada su situación, acceder a servicios básicos y universales para las personas con discapacidad autóctonas, partiendo en primer lugar de la valoración para obtener su certificado.

Los inmigrantes con discapacidad presentan muy bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad. La inserción laboral es bastante más baja que la de las personas con discapacidad españolas y, además, suele venir acompañada por niveles bajos de estabilidad laboral e ingresos. Buena parte de la población entrevistada trabaja sin contrato.

Las posibilidades de integración, vistas desde la óptica del tipo, densidad y frecuencia con que los inmigrantes con discapacidad establecen relaciones y contactos en España, indican que, por lo general, existen elementos para el optimismo. Aunque a su llegada a España los inmigrantes cuentan con una escasa red social (familiares, amigos, conocidos,…), la información sobre su situación tiempo después de la llegada indica que se dan mejoras tanto en el número como en la variedad de relaciones en su entorno personal. Independientemente del proceso migratorio, las relaciones familiares y de amistades en este ámbito son determinantes, sobre todo cuando se precisa apoyo personal.

El acceso a información y orientación sobre los recursos disponibles constituye también una barrera sobre todo para las personas que proceden de entornos culturales más alejados, o que desconocen el idioma.

El estudio ha constatado un escaso desarrollo de servicios especializados de atención a la población con discapacidad que tengan en cuenta las características especiales derivadas de su condición de inmigrantes. Aunque surgen iniciativas de interés en este ámbito, son todavía patentes las necesidades de coordinación, y estabilización de programas, actividades y servicios.

Dado que, según los datos que aporta el estudio, los inmigrantes con discapacidad se dirigen preferentemente a recursos comunitarios especializados en discapacidad más que en inmigración, se abre un nuevo reto especialmente para las entidades de atención a personas con discapacidad, constituidas originariamente como grupos de ayuda mutua de familiares y de ‘afectados’. Como indican algunos profesionales, es el momento en que estas entidades han de abrirse a nuevos colectivos específicos, como el de los inmigrantes, para dar cobertura a aquellos que –entre otras- tienen especiales dificultades para acceder a recursos por desconocimiento de los mismos (sobre todo aquellos recién llegados que carecen de una red de apoyo que les oriente adecuadamente). Especial importancia en este punto tiene la cuestión de la coordinación entre todo tipo de servicios, dependientes de entidades públicas y privadas, tanto orientados a inmigración como a discapacidad.

Si bien la cuestión de la discapacidad no es en sí misma la principal causa que explica el proceso migratorio, los datos obtenidos demuestran que, aunque con dificultades, los inmigrantes con discapacidad encuentran una mejor atención especializada por discapacidad en España, respecto a su país de origen. De los que están en situación legal y tienen certificado de discapacidad, más de dos tercios se encontraban en situación de discapacidad con antelación a su emigración, por lo que su percepción de mejora en este ámbito se apoya en la experiencia personal.

En general, los inmigrantes con discapacidad reconocen elevados niveles de integración en España. Si bien el grado de integración percibida estaría relacionado con la procedencia de las personas encuestadas, la integración real lo estaría fundamentalmente con la edad, el nivel de estudios y el ámbito territorial de residencia del individuo.

Los encuestados manifiestan dificultades respecto a la complejidad no sólo de la tramitación, sino del acceso a los órganos gestores tanto de los permisos de residencia como de reconocimiento de la discapacidad. En muchas ocasiones se encuentran desorientados porque obtienen información que les resulta equívoca o incluso contradictoria. Las barreras idiomáticas y culturales están presentes aunque no siempre explican estas dificultades, si no tenemos en cuenta también el tipo de atención de los servicios o la forma en que se publicitan o explican los trámites, entre otros.

Aunque los resultados del análisis no muestran unos menores niveles de integración objetiva por parte de las mujeres inmigrantes con discapacidad, la observación de la realidad y la información cualitativa aportada por los profesionales y expertos entrevistados permite afirmar que las mujeres de este colectivo se enfrentan a dificultades añadidas de apoyo e integración. Un primer factor sería la cultura de procedencia y el grado de discriminación por motivos de sexo que esta conlleva. Además, las mujeres inmigrantes con discapacidad se ven afectadas por las mismas dificultades añadidas que aún en la actualidad permanecen en España por cuestión de género, por ejemplo, en el acceso al mercado de trabajo.

El estudio aporta una serie de recomendaciones, entre las que destacan las siguientes:

• Incrementar la sensibilización sobre las necesidades específicas de los inmigrantes con discapacidad.
• Mejorar la coordinación entre entidades especializadas, tanto públicas como del tercer sector.
• Establecer mecanismos de acceso a la regularización cuando se precisa atención social y sanitaria.
• Discriminar positivamente a la población inmigrante para la obtención del certificado de discapacidad.
• Realizar registros encaminados a cuantificar la población inmigrante con discapacidad.
• Incluir de forma transversal en los instrumentos legislativos y de planificación de políticas, medidas de intervención sobre personas inmigrantes con discapacidad.
• Facilitar con medidas específicas la inserción sociolaboral, que atenúe la doble vulnerabilidad para el acceso al mercado laboral este colectivo.
• Prestar atención especializada a las personas que adquieren discapacidad durante el proceso migratorio.
• Incrementar la cooperación en apoyo a personas con discapacidad con los países de origen.
• Potenciar los recursos públicos de atención especializada a inmigrantes con discapacidad.
• Incentivar a las Organizaciones del Tercer Sector para la implantación de programas y actividades especializados en el apoyo a inmigrantes con discapacidad.
• Desarrollar sistemas de coordinación específicos entre entidades de atención a personas con discapacidad, de atención a personas inmigrantes y entidades públicas.
• Mejorar los sistemas de evaluación y análisis de las actuaciones realizadas en la atención a estos colectivos.

Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD-2008)

Después de largos meses de trabajo y dando respuesta a una creciente demanda de información sobre la realiadad y necesidades de las personas con diversidad funcional en España, el INE ha comenzado hoy la difusión de los primeros resultados de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD-2008).

Desde InterSocial celebramos esta iniciativa y emplazamos a las lectoras y lectores de este blog a un primer análisis sobre estos datos, que publicaremos en próximas fechas. Como anticipo, transcribimos aquí los principales resultados:

− El número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población.
− Un total de 608.000 personas con discapacidad viven solas en su hogar.
− 1,39 millones de personas no pueden realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda.
- 269 mil personas que residen en centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos tienen alguna discapacidad
− Cuatro de cada 10 personas de seis y más años con discapacidad tienen deficiencias en huesos y articulaciones.

El número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población, según los resultados provisionales de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del año 2008.

Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de edad inferiores a 44 años las tasas de los varones superan a las de las mujeres.

Más información en: http://www.ine.es/prensa/np524.pdf